El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los de mayor incidencia en ambos sexos en los países desarrollados cuando se consideran hombres y mujeres conjuntamente, y conlleva una importante morbimortalidad asociada en todos los países, siendo las mayores tasas de incidencia las detectadas en Australia, América y Europa, que duplican prácticamente las de Asia o Sudamérica. En España, una de cada 7 muertes relacionadas con el cáncer lo es por el CCR, por detrás del cáncer de pulmón en el hombre y del cáncer de mama en la mujer1. A pesar de los importantes avances en su tratamiento, continúa siendo la tercera causa de muerte por cáncer en los países de la Unión Europea y la segunda causa en España.

El creciente incremento de este tipo de neoplasia se relaciona básicamente con las modificaciones en cuanto a los hábitos dietéticos de la población (incremento en el consumo de azúcar, mayor consumo de carnes procesadas, bajo consumo de fibras) y cambios en el estilo de vida, con descenso en la actividad física realizada2,3. Independientemente de estas causas asociadas a los hábitos higiénico-dietéticos, existen otras, como la predisposición genética (cáncer hereditario no polipoide, poliposis hereditaria y polimorfismos de otros sistemas enzimáticos) o la colitis ulcerosa, y otras enfermedades inflamatorias intestinales4.

Hasta el momento actual, se han dedicado pocos trabajos al análisis de factores de riesgo laboral y de contaminantes medioambientales y laborales como factores involucrados en estos tumores y relacionándolos con un incremento en la incidencia de esta afección. Existen algunos estudios que establecen relaciones paralelas con determinadas sustancias, aunque en muchos casos los resultados no son totalmente concluyentes: asbestos, fluidos de metales y contaminantes industriales del sector del metal, entre otros5-13.

Los estudios más recientes realizados en población laboral española sobre los riesgos ocupacionales y medioambientales relacionados con el CCR son de este mismo año 2012 y relacionan esta enfermedad con la proximidad a la industria minera y la exposición a contaminantes industriales14,15.

La importancia de esta temática queda reflejada en la directiva europea IPPC relativa al estudio de las consecuencias de los contaminantes industriales16, que se incorporó a la legislación española con la finalidad de actuar preventivamente sobre la morbimortalidad derivada de la exposición al riesgo17,18.

Objetivos del trabajo: cuantificar la pérdida en días de trabajo asociados a incapacidad temporal (IT) por CCR. Realizar una aproximación estimativa en costes económicos por estas jornadas perdidas ajustada a mínimos.

Se realiza una revisión de datos oficiales de códigos CIE en España durante el periodo enero-diciembre del 2011. Estos códigos CIE 9-MC permiten codificar las afecciones siguiendo la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. De entre ellos, se seleccionan los relacionados con CCR directamente, cuantificando el número de procesos, la duración de cada uno y el promedio de duración de cada proceso a lo largo del año. Se incluyen los siguientes códigos CIE asociados a esta enfermedad: 153 (neoplasia maligna colon), 153.3 (neoplasia maligna colon sigmoidal), 153.9 (neoplasia maligna de colon sin especificar), 154 (neoplasia maligna recto, unión rectosigmoidea y ano), 154.0 (neoplasia maligna de unión rectosigmoidal), 154.1 (neoplasia de recto), 154.2 (neoplasia maligna de canal anal) y 154.3 (neoplasia maligna de ano sin especificar).

Para el cálculo del coste, se realiza un cálculo de mínimos, tomando para ello como referencia, el coste/día correspondiente al salario mínimo interprofesional (SMI) estipulado en España para el 2011, que quedó fijado en 641.40 euros mensuales, un 1,3% más que en 2010, o lo que es lo mismo, 21.38 euros al día y 8,979.60 euros anuales, dando por sentado que cualquier aproximación a cifras más reales siempre superará las del SMI. El SMI en España fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros. El valor que toma el SMI se fija cada año por el Gobierno, mediante Real Decreto y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el Índice de Precios al Consumidor, la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

Las características de este trabajo descriptivo no hacen necesario el análisis estadístico.

En cáncer de colon y recto y los códigos CIE asociados a estas patologías han supuesto por IT durante el año 2011 un total de 1,046 procesos notificados, con un total de 202,784 días de trabajo perdidos y una duración media de los procesos de 194 días/año. Los datos globales por códigos individualizados pueden verse en la tabla 1.

Revisando de forma pormenorizada los distintos códigos, se ve que el que mayor número de procesos acumula es el CIE 153.9 (neoplasia maligna de colon sin especificar), con un total de 349 procesos, junto con el CIE 153 (neoplasia maligna colon), con 336 procesos. Ambos suponen también el mayor número de jornadas perdidas por IT. Por el contrario, el código CIE 154.2 (neoplasia maligna de canal anal) es el que tiene el menor número de procesos y también acumula el menor número de jornadas perdidas por IT. El código CIE 154 (neoplasia maligna de recto, unión rectosigmoidea y ano), a pesar de tener tan solo 35 procesos de IT durante el 2011, es el de mayor duración media, con 246 días, superando la media global de esta afección que, como se ha señalado, es de 194 días de IT (figs. 1–3).

Figura 1.

Número de procesos de neoplasia colorrectal en el año 2011 según el código CIE.

(0,11MB).

Figura 2.

Duración total (en días) de los procesos de neoplasia de colon en el año 2011 según el código CIE.

(0,12MB).

Figura 3.

Duración media (en días) de los procesos de neoplasia de colon en el año 2011 según el código CIE.

(0,12MB).

El coste día se obtiene a partir del establecido para 2011 en el SMI y supone un coste total por todos los códigos CIE relacionados con CCR de 4,335,521.92 euros/año (tabla 2).

Si mediante campañas de promoción de la salud en las empresas y prevención primaria o secundaria se pudiera conseguir un descenso en el número de procesos, en la duración de los mismos, o en ambas cosas al tiempo, por cada descenso del 10% sobre el total se obtendría:

• 1.

  Con una reducción de un 10% en el número de procesos (104 procesos menos), tendríamos 941 procesos×194 días = 182,554 días de IT, con un coste de 3,903,004 euros, lo que supondría un ahorro de 432,517.4 euros tomando como base el coste/día del SMI de 2011(a 21,38 euros/día).

• 2.

  Con una reducción del 10% en la duración media de cada proceso (19.4 días menos cada uno), 1,046 procesos×174.6 días de promedio de IT cada uno = 182,631 días de IT, con un coste de 3,904,650.78 euros, lo que supondría un ahorro de 430,871.14 euros tomando como base el coste/día del SMI.

• 3.

  Si se logran reducir tanto el número de procesos, como la duración media de cada proceso, ambos en un 10%, tendríamos 941 procesos×174,6 días de promedio por proceso = 164,298.6 días de IT, lo que supondría un coste anual de 3,512,704 euros, con un ahorro de 822,809.3 euros, tomando como base el coste/día del SMI.

El ámbito laboral en España ofrece una plataforma óptima para llevar a cabo campañas preventivas y de promoción de la salud orientadas hacia esta afección. Algunos autores apuntan a diversas opciones tendentes a conseguir una mayor participación en los programas de cribado, en contextos diversos y con una mínima repercusión en costes y recursos procedentes de los servicios de salud19.

Otros autores recomiendan actuaciones con coste-eficacia demostrada mediante colonoscopia/sigmoidoscopia cada 10 años a todos los mayores de 50 años, dentro de un programa dirigido específicamente a mujeres20, o actuaciones preventivas mediante programas de prevención de CRC cada 5-10 años, de eficacia similar según va aumentando la participación de la población21.

Sin embargo, el tema básico de debate es el coste-eficacia de las técnicas a emplear en población general. Los mejores resultados coste/beneficio obtenidos por algunos autores en estudios comparativos realizados con diversas técnicas, apoyan el test inmunoquímico fecal (FIT), por encima de la detección de sangre oculta en heces (FOBT), la sigmoidoscopia flexible o de la colonoscopia, que implican un mayor gasto y más efectos adversos, aunque todas las técnicas que se deben emplear están sujetas a las políticas sanitarias vigentes en ese momento en cada país, o en cada comunidad autónoma en el caso de España22.

La prueba de FOBT realizada con periodicidad anual o bienal ha sido evaluada en 4 ensayos clínicos aleatorizados, que incluyen a 327,043 participantes en Dinamarca (Funen), Suecia (Goteborg), EE. UU. (Minnesota) y el Reino Unido (Nottingham), y muestran una reducción de la mortalidad por CCR. Una revisión sistemática Cochrane23 estima esta reducción en el 16% (RR: 0.84; IC del 95%, 0.78-0.90). Además, los resultados del estudio de Minessota24 han mostrado también una reducción del 20% de la incidencia de CCR con cribado anual (RR: 0,80; IC del 95%, 0.70-0.90) y del 17% con el cribado bienal (RR: 0,83; IC del 95%, 0.73-0.94).

El FIT debería ser usado cuando se obtienen niveles altos de hemoglobina mediante FOBT y cuando la capacidad de realizar una colonoscopia es limitada, si bien la colonoscopia aumenta considerablemente la capacidad de detección, pero con un incremento en los costes25.

El cribado poblacional de cáncer de colon y recto es una actividad que se ha iniciado o tienen previsto iniciar la mayoría de las comunidades autónomas españolas a corto plazo. Se ha demostrado la factibilidad de la implantación de los programas de cribado de CCR en España y existen ya programas en funcionamiento en 9 comunidades autónomas. La cobertura de estos programas en la población entre 50 y 69 años, es todavía baja y es precisamente en este grupo de pacientes donde, desde los Servicios de Prevención de las empresas, y a cargo de los Médicos del trabajo, se podría colaborar activamente como apoyo a los programas iniciados desde el servicio público de salud. Se están ampliando progresivamente estas campañas al conjunto de la población diana en aquellas comunidades en que ya se habían iniciado y en el resto de comunidades autónomas que aún no habían comenzado esta actividad.

Los programas de cribado en España siguen los criterios de la Guía Europea de calidad para el cribado de CCR26 y se coordinan a través de la red de cribado de cáncer (www.cribadocancer.org), lo que facilita que sigan criterios comunes en cuanto a metodología y dispongan de sistemas de información compatibles, que permiten la evaluación y la comparación de los resultados27.

En lo que todos los autores se muestran de acuerdo es en la importancia de la prevención en el CCR, aunque existen planteamientos discrepantes en cuanto a cuál debe ser la técnica que se debe emplear, tanto más cuando se plantea el coste-eficacia de dichas técnicas, por lo que, en este trabajo, se ha planteado el coste indirecto asociado a la IT derivada de estas afecciones, que permite aportar argumentos cuantificables que apoyen este balance entre el coste que se baraja en prevención y algunos de los potenciales beneficios cuantificables a obtener, en este caso derivados de la pérdida de días de trabajo por IT.

La prevención implica de por sí una inversión y, en ocasiones, es difícil determinar su coste-eficacia, especialmente cuando en el coste de las enfermedades intervienen diferentes parámetros difíciles de cuantificar y ponderar en el global. De forma genérica, se definen los costes directos, como los relacionados directamente con: la intervención sanitaria, las técnicas utilizadas, el coste de personal de consulta y el coste por estancia o el gasto farmacéutico de un paciente. Por coste indirecto se ha venido entendiendo toda aquella pérdida de producción de bienes y servicios que ocasiona una enfermedad, entre los cuales el más cuantioso es el coste laboral. Independientemente de estos, se encuentran los costes intangibles asociados a una enfermedad, pero no se intenta su valoración en términos monetarios debido a la dificultad de traducir estos conceptos relacionados con grados de dolor y ansiedad, repercusión familiar o social, pérdida de calidad de vida, etc. Los costes indirectos generalmente superan a los directos, estableciéndose cifras que oscilan entre el 30-40% para los costes directos y 60-70% para los indirectos, si bien estas proporciones varían en función de la enfermedad de que se trate y los recursos que se precisen para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Nos movemos por ello en un terreno altamente impreciso, y este trabajo trata de centrarse en un concepto cuantificable, aunque sujeto a los sesgos derivados del modelo económico elegido para el coste/día, como es el salario mínimo interprofesional28, si bien con ello se busca evitar ofrecer cifras mucho más elevadas y que pueden inducir a errores por sobrestimación.

La eficacia de las campañas preventivas que parten en España del sistema público de salud pudieran verse favorecidas mediante una acción coordinada con los servicios de prevención de riesgos de las empresas y, de forma muy concreta, por la labor a desarrollar coordinadamente con los médicos y enfermeros del trabajo, y con opciones que implican una mayor participación en ellas de población general, tanto más cuando el médico y el enfermero del trabajo pueden apoyar estas actuaciones con formación e información sobre la patología, realizando una escrupulosa palpación abdominal a todos los trabajadores a los que se realiza vigilancia de la salud en cualquiera de sus formas (inicial, periódica, tras IT prolongada, etc.) y en los que el apoyo de la historia clínico-laboral permite incluir a determinados trabajadores en alguno de los grupos de riesgo establecidos en los protocolos por su exposición laboral a sustancias relacionadas con el CCR.

La promoción de la salud, parte indispensable de la labor del médico del trabajo, implica reducir riesgos generales al apoyar los hábitos de vida saludables, con campañas impulsadas desde las empresas contra la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la nutrición defectuosa, la potenciación del ejercicio físico, etc.

Finalmente, la opción de realizar en grupos de riesgo una determinación de sangre oculta en heces, con los más precisos métodos inmunológicos al alcance de cualquier laboratorio, implicaría una detección mucho más extensa de las lesiones en su inicio y con ello el consabido ahorro en costes personales, sanitarios y laborales-sociales.

Muchas comunidades autónomas en España realizan ya importantes campañas en este sentido y el médico del trabajo tiene acceso a un bloque importante de población de riesgo. Según datos del Instituto Nacional de estadística (INE) de 2011, de un total de 18,104,500 de trabajadores ocupados durante 2011, 5,231,000.53 personas de ambos sexos se encontraban entre 50-69 años y, con ello, accesibles a la medicina del trabajo e incluidas en el grupo de edad de mayor riesgo de CCR29 (tablas 3 y 4).

Asumiendo los sesgos y las limitaciones que un estudio de estas características conlleva y donde se ha centrado el cálculo de forma exclusiva en la IT, es objetivo de los autores proporcionar una información complementaria económica que apoye a los sanitarios e instituciones en planteamientos preventivos coordinados con la medicina del trabajo para optimizar los recursos sociosanitarios y establecer prioridades entre los diferentes problemas y las necesidades de salud. Sirva este planteamiento preventivo-economicista para potenciar actuaciones preventivas, tanto en España como en el resto de países europeos e hispanoamericanos, igualmente sensibilizados en esta temática.

Como conclusiones de este trabajo se resaltan:

• 1.

  El CCR en España supone una pérdida de jornadas de trabajo asociadas a IT de 202,784 días, con una duración media de los procesos de 194 días.

• 2.

  La imposibilidad de acercarnos a cifras reales y con datos objetivos hace que en este trabajo se realice un cálculo de mínimos ajustado al coste/día del salario mínimo interprofesional de 21,38 euros en 2011.

• 3.

  Por cada 10% de reducción en el número de procesos y en la duración media de los mismos, se podría conseguir un ahorro mínimo de 822,809.3 euros.

• 4.

  Las cifras de ocupación en España de trabajadores de más de 50 años (incluidos en las campañas de prevención del CCR) son de 5,231,000.53 personas en 2011, realizándose el cribado cada 5/10 años en función del riesgo y con un coste variable según la técnica utilizada, lo que permite establecer estrategias comparativas coste/beneficio valorando los términos manejados en este trabajo, junto con el resto de costes directos o indirectos que también se cuantifican en esta afección.

• 5.

  Desde las empresas se pueden realizar campañas de prevención coordinadas con las de los servicios públicos de salud para optimizar resultados y facilitar la participación de las personas implicadas.

No hubo financiamiento para la realización de este estudio.

Los autores no tienen conflicto de interés en relación con el artículo que se remite para publicación.